Desde 1927, año en que se creó, la Federación Nacional de Cafeteros se perfiló como una entidad que propendería a intervenir el mercado del café; de hecho, un buen número de quienes participaron en su fundación hacía parte del grupo de hacendados-exportadores que aún conservaban intereses en el negocio y que se habían arruinado en los primeros años de la segunda década del siglo XX, cuando fracasó el modelo de producir, transformar el grano y transportarlo a los puestos de destino. La baja productividad de las haciendas y el tamaño que había alcanzado el negocio, así como el costoso cumplimiento de las obligaciones crediticias con las casas de Nueva York y Londres que financiaban la operación, impusieron unas nuevas condiciones en la división del trabajo cafetero que expulsaron del negocio a los agentes tradicionales colombianos. La situación se vio agravada con la crisis económica de 1929, cuando la cotización internacional del café llegó a 4 centavos de dólar la libra. Para 1933, aunque existían 160 firmas dedicadas exclusivamente a la exportación, seis extranjeras ya estaban entre las 10 primeras, las cuales mercadeaban el 62,2% del volumen total exportado.

Con Franklin D. Roosevelt, en el New Deal (Nuevo Trato), se implantó como política pública para todas las áreas económicas “una regulación estricta y una planificación central organizada como única forma de operar una economía integrada a su máxima capacidad y para beneficio público”. En el caso del café, tomaba la forma de controlar la oferta y la demanda. La Conferencia Americana del Café, reunida en Bogotá en 1936, habló de la “estabilización” del precio para que “los pueblos productores reciban por su trabajo una remuneración equitativa” y también para que “se premune al tostador contra posibles pérdidas”. Así se intentaba además aumentar la capacidad de compra de los países productores para adquirir los bienes industriales elaborados en el Norte. La forma que tomó dicha política en Colombia fue la de un modelo institucional mixto, con participación pública y privada, a partir de aquella Federación Nacional de Cafeteros conformada en 1927, por lo cual no se instituyó como un ente plenamente estatal. Se le entregaron recursos públicos de origen tributario recaudados en las operaciones comerciales del café, con los cuales comenzó a ejercer la función “estabilizadora” del mercado. Ese mecanismo se perfeccionó en 1940 con el establecimiento del Fondo Nacional del Café.

La condición híbrida de la Federación Nacional de Cafeteros, con ese tipo especial de gestión pública y privada, ha sido alabada siempre por los grupos particulares que han usufructuado los bienes públicos construidos gracias al esfuerzo de todos los cafeteros, de los cuales el 90% son minifundistas, y a la vez cuestionada por no pocos analistas de la mayor seriedad. Se la ha llamado “un Estado dentro del Estado”. También ha sido catalogada como una suerte de “Santísima Trinidad”, por ser a la vez grupo financiero, organización gremial y Ministerio del Café, roles que asume según la conveniencia de cada circunstancia. El destacado economista Eduardo Sarmiento la destacó como “ejemplo de corrupción”.

En los últimos tiempos, bajo una nueva “administración”, las cosas han empeorado: el contubernio entre el gobierno y la burocracia es más estrecho que nunca. El gerente, Gabriel Silva, se atribuye el triunfo reelectoral de Uribe en la zona cafetera, “con el 82% de los votos”, y Uribe, por su parte, hace suyas las preocupaciones de la empresa privada Procafecol, que se apropió la marca Juan Valdez para hacer y deshacer con ella por todo el mundo y allí donde tiene amigos íntimos la Junta Directiva. Mientras tanto, como lo demostró en un debate reciente el senador Jorge Enrique Robledo, “la caficultura colombiana está siendo desplazada del mercado mundial”. Cree el gobierno que convirtiendo a la Federación en la “ONG más grande de Colombia”, como lo pregona Silva cada vez que puede, se conjurarán los males estructurales más agravados que nunca desde la crisis de 1990 y jamás remediados a las 550.000 familias productoras. Si bien las instituciones cafeteras han impedido que las empresas multinacionales controlen por completo en Colombia el negocio del café, estas últimas ya manejan el 75% de las exportaciones con agentes intermediarios o subsidiarias. Además, la primacía de los intereses particulares está llevando a la Federación a abandonar los fines iniciales que inspiraron su creación. A este paso, los afiliados no tendrán otra salida que la de buscar nuevos caminos que les garanticen de verdad la defensa de sus intereses.

En los últimos tiempos, bajo una nueva “administración”, las cosas han empeorado: el contubernio entre el gobierno y la burocracia es más estrecho que nunca. El gerente, Gabriel Silva, se atribuye el triunfo reelectoral de Uribe en la zona cafetera, “con el 82% de los votos”, y Uribe, por su parte, hace suyas las preocupaciones de la empresa privada Procafecol, que se apropió la marca Juan Valdez para hacer y deshacer con ella por todo el mundo y allí donde tiene amigos íntimos la Junta Directiva. Mientras tanto, como lo demostró en un debate reciente el senador Jorge Enrique Robledo, “la caficultura colombiana está siendo desplazada del mercado mundial”. Cree el gobierno que convirtiendo a la Federación en la “ONG más grande de Colombia”, como lo pregona Silva cada vez que puede, se conjurarán los males estructurales más agravados que nunca desde la crisis de 1990 y jamás remediados a las 550.000 familias productoras. Si bien las instituciones cafeteras han impedido que las empresas multinacionales controlen por completo en Colombia el negocio del café, estas últimas ya manejan el 75% de las exportaciones con agentes intermediarios o subsidiarias. Además, la primacía de los intereses particulares está llevando a la Federación a abandonar los fines iniciales que inspiraron su creación. A este paso, los afiliados no tendrán otra salida que la de buscar nuevos caminos que les garanticen de verdad la defensa de sus intereses.

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