Este lote se adquirió para aportarlo al espacio público de Dosquebradas, y se pensaba construir allí un ecoparque, según informó el ex alcalde Uberney Marín Villada.

Dosquebradas

Contra tres funcionarios de la pasada administración del municipio industrial se abrió ayer proceso de responsabilidad fiscal, por su participación en la compra de un terreno ubicado en las inmediaciones de La Unión, sobre la vía La Romelia-El Pollo, el pasado 8 de noviembre de 2007, por un supuesto sobrecosto de cerca de 400 millones de pesos.

Los ex funcionarios implicados son el ex alcalde de Dosquebradas, Uberney Marín Villada; su entonces secretaria de Planeación, Carolina del Pilar González Leyva; y su secretario de Hacienda, Leonardo Antonio Ramírez Giraldo. Posiblemente el entonces curador urbano, Manuel Alberto Ramírez Uribe, también sea investigado.

Así lo hizo saber el contralor municipal, Diego Franco Barco, pues el terreno, propiedad de Diego Santacoloma, fue adquirido por un valor de 800 millones de pesos.

“Este valor se encontraba por encima del valor real del mismo, por eso iniciamos una auditoría para determinar el valor real. Entonces se le solicitó al Instituto Geográfico Agustín Codazi, Igac, levantar el avalúo comercial del terreno. El 12 de mayo el IGAC entregó el informe en el que indican que el predio cuesta $316 millones 922 mil. Por eso el lote tuvo un presunto sobrecosto de $473 millones”, señaló el funcionario Franco Barco.



El ex alcalde

Al respecto, el ex alcalde de Dosquebradas, Uberney Marín Villada, dijo que “es totalmente falso el informe del Contralor, estoy completamente indignado y me va a tener que probar que es cierto lo que dice. Yo tengo cómo demostrar que el avalúo se hizo conforme a la ley, tengo todos los documentos en orden”. Además, el ex alcalde mencionó la posibilidad de iniciar acciones penales porque, según él, “a mí me están mancillando mi buen nombre”.

Igualmente, el ex secretario de Hacienda Leonardo Antonio Ramírez Giraldo, informó que el predio sí fue avaluado “por un perito evaluador, que tenía su correspondiente Registro Nacional de Avaluadores; y él dijo que el predio costaba 800 millones de pesos. El avalúo del que habla el señor contralor es un avalúo catastral”.

Pero según el Contralor, el Igac “levantó un avalúo comercial del terreno”, no catastral.

El perito al que se refiere Ramírez Giraldo es Mario Salcedo, quien confirmó su participación en el avalúo.



El terreno

Según el Contralor Diego Franco Barco, de los 19.315 metros cuadrados que tiene el lote adquirido, el 76.03%, corresponde a zonas de protección e inundación, que tienen un valor comercial de entre $1.500 y $3.500 por metro cuadrado.

Sin embargo, el ex alcalde dice que el terreno adquirido está destinado a zonas de recreación y enfatiza en que “no es una zona de protección, está destinada a la recreación por el Plan de Ordenamiento Territorial. El dinero con el que se compró tenía destinación específica para zonas verdes”, defendió el ex alcalde.

El Contralor Municipal señala que después del avalúo comercial que presentó Diego Santacoloma, propietario del predio, el municipio no contrató ningún otro avalúo para el bien, ni verificó el el área que estaba comprando.

"Además el informe de Igac indica que el terreno carece de posibilidad de valorización y dice que ésta es casi nula por ser un terreno de protección entre las quebradas Gutiérrez y Dosquebradas", agregó.

“Observamos un sobrecosto, un mayor valor que se pagó por parte del municipio en esa zona, y vamos a iniciar el proceso para determinar la responsabilidad de las personas. De igual manera, a las conductas que se deriven de tipo fiscal y disciplinario se le darán traslado en su momento”, concluyó Franco Barco.