Jueves 24 de Abril de 2014
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Colombia
colprensa
(Foto: colprensa)
Martes 29 de Octubre de 2013 - 03:52 PM

Edificios públicos deben contar con acceso para discapacitados

Como un deber de protección y prevención

El Consejo de Estado exhortó a las entidades oficiales para que todas las edificaciones públicas nuevas se construyan de forma tal que permitan el acceso de personas con discapacidad.

La Sala Plena, con ponencia del magistrado Enrique Gil Botero, explicó que todas las administraciones públicas deben cumplir sus deberes de protección, prevención y cuidado de la población con limitaciones por lo que las construcciones existentes deberán ser reformadas para que cumplan estos fines.

Igualmente, se solicitó a las entidades que tengan en cuenta la ley 361 de 1997 que estableció mecanismos para integrar socialmente a personas con discapacidad.

La Corporación solicitó a las administraciones que a través de la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el otorgamiento de licencias de construcción o de licencias de funcionamiento, se exija la implementación de todas las normas que protegen a los discapacitados.

Igualmente, se exigió un seguimiento del cumplimiento de la orden del Consejo de Estado para garantizar que en cada municipio, “en el corto plazo, se incorporen a estas personas a la vida ordinaria, sin más trabas de las que su salud impone”.

El fallo señala que la condición de discapacidad exige una protección especial y reforzada del Estado y de la sociedad, por lo que el amparo de las personas con problemas físicos, síquicos y sensoriales debe ser una tarea que compromete más a quienes desarrollan proyectos y políticas públicas o privadas.

Según la Sala, desde la Constitución de 1991 el drama personal de aquellos que sufren limitaciones físicas dejó de ser un problema individual y pasó a ser una política pública que se extiende a la sociedad civil y al Estado. Por tal razón, su condición implica darles una prevalencia sobre los derechos de los demás.

Para el Consejo de Estado, se debe garantizar el acceso y circulación fácil en los edificios públicos a personas con discapacidad porque se trata de ciudadanos, como cualquier otro, que necesitan hacer gestiones o trámites y ejercer otros derechos o cumplir diversas obligaciones.

Dicha protección también comprende la posibilidad de que los sistemas de transporte les garanticen condiciones mínimas para que accedan a ellos y la instalación de señales sonoras en los semáforos, que permitan preservar su integridad.

El pronunciamiento lo hizo la Corporación al revisar una acción popular que buscaba que se instalaran señales sonoras en el municipio de Sabanalarga (Atlántico).

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