Ofrecer soluciones efectivas en la prestación de servicios y asesoramiento legal es la misión de un abogado ético y responsable. Las necesidades y urgencias de los clientes deben ser satisfechas con los mejores procedimientos y mecanismos.

Un eficiente asesoramiento en las situaciones que implican automóviles, exceso de velocidad, choques o atropellamiento, es una especialidad que no cualquier profesional de leyes, puede resolver. Se necesita un especialista en estos casos, para la adecuada defensa y que el cliente salga airoso de esta difícil situación.

Solucionar problemas legales por velocidad excesiva

Uno de los errores más comunes en los delitos que tienen que ver con accidentes, es el exceso de la velocidad permitida. Un abogado exceso de velocidad es la opción ideal para solventar este tipo de situaciones que implican accidentes y atropellos.

El concepto de exceso de velocidad se define en estos términos: conducir un vehículo de motor o ciclomotor (motocicleta) a una velocidad elevada que pase de los 60 kms/h en las zonas urbanas o a más de 80 kms/h en las vías rurales o interurbanas.

El límite legal que debe mantenerse es el que indique la autoridad, según indicaciones de las señalizaciones. Para determinar la velocidad a la que conduce una persona, se utilizan diversos instrumentos como radares y antenas, fijos o móviles, que son capaces de captar si un vehículo circula sobrepasando una velocidad previamente indicada, y en el preciso momento, estos dispositivos realizan una fotografía con una cámara que está situada para tal efecto en esa vía.

El conductor puede ser detenido en el momento o no, pero de todas maneras, la prueba del delito es la imagen o la fotografía del coche con la velocidad que se midió en ese momento.

Las penas según el código penal     

El castigo por excesiva velocidad es la retirada del permiso de conducir (circulación) por un tiempo que abarca desde 1 a 4 años, e igualmente, puede implicar ser penado, quitándole la libertad por un tiempo que va desde 3 a 6 meses. En algunos casos, puede sustituirse por una multa de 6 a 12 meses, que está por el orden de los 6 euros cada día.

Los trabajos comunitarios también son una forma de pagar este tipo de delitos, por lo que puede penalizarse con trabajos en beneficio de cierta comunidad por un tiempo definido, que puede variar entre 31 a 90 días. Estas labores son variadas e incluyen: barrido o limpieza de iglesias o jardines, actividades en ONG’s y otros.

Incluso, el conductor penado corre el riesgo de perder definitivamente el carnet de conducir, si el permiso es retirado por un tiempo que excede los 2 años.

¿Cómo defenderse?

El radar es el instrumento que ofrece la información referente a si el conductor se desplazaba con exceso de velocidad, por lo que, el abogado penalista es el encargado de analizar si existieron las garantías, así como la manera y modo cómo fueron obtenidas las pruebas del cargo impuesto.

Éstas opciones pueden obstaculizar o facilitar que se compruebe el cargo, en el momento cuando se inicie el proceso, porque implican detalles que pueden pasar inadvertidos para cualquiera, pero no para un abogado legal especialista en este tema, que puede esgrimirlos en el momento que se necesite.

  • Certificación del radar. Si el radar con el que se realizó la foto no ha pasado por la revisión que se le hace cada año, esta prueba será considerada como nula, por tanto la Fiscalía se ve dificultada para implantar una condena. En este caso, el abogado de la defensa debe solicitar y constatar si se hicieron las debidas revisiones.    
  • Tolerancia y margen de error. Estos dispositivos, radares y terminales tienen un rango de tolerancia para los errores, y si el delito por el que está acusado es exceso de velocidad, el número que indique puede estar colocado dentro del margen de error, por lo que las posibilidades de salir absuelto se incrementan.
  • Conductor identificado correctamente. Si no existe la certeza de que la persona investigada es la persona que manejaba el coche, el proceso se complica para el Fiscal y se ve en la imposibilidad de asegurar al juez, que el acusado es quién conducía el vehículo, en el momento en que fue realizada la fotografía.
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