Domingo 21 de Diciembre de 2014
Eudoro Echeverri
Jueves 07 de Marzo de 2013 - 03:01 AM

Defensa Jurídica del Estado

La Ley 1444 de 2011, creó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, Unidad Administrativa Especial, entidad descentralizada del orden nacional, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, que tendrá como objetivo la estructuración de las políticas de prevención del daño antijurídico, también la defensa de los intereses litigiosos de la Nación en las actuaciones judiciales de las entidades públicas para procurar la reducción de la responsabilidad patrimonial y la actividad litigiosa, todo en el marco de los derechos fundamentales. El Decreto 4085 de 2011, dispuso entre otras estrategias, la utilización de los rnecanismos alternativos de resolución de conflictos, la conciliación por excelencia, para ahorrarle al Estado considerables cuantías en el pago de los procesos.

El artículo 90 de la Constitución Política, consagra la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos causados por las autoridades públicas. Entre los frentes de batalla de la Agencia está precisamente este renglón para evitar el desangre abusivo del erario público. Pero deben hacerse valiosas precisiones al respecto. El ciudadano no tiene porque soportar cargas por la negligencia de quienes representan al Estado. Si alguien, fue detenido y luego absuelto, el Estado deberá responder en un proceso de acción de reparación directa por la privación injusta de la libertad,  no solo por mandato constitucional, sino de tratados internacionales de derechos humanos.  Jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado en sentencia del 28 de noviembre de 2012.

No obstante, el ejercicio de este derecho se hace muchas veces nugatorio, hay despachos que absuelven con argumentaciones alejadas de esa responsabilidad objetiva; los servidores públicos encargados de la conciliación anterior al proceso no la ejercitan; aproximadamente tarda el proceso quince años; existiendo decantada jurisprudencia del Consejo de Estado, debía resolverse en un par de meses las apelaciones. Aspectos que menoscaban el derecho del afectado a recibir la correspondiente indemnización. Sin contar además cuando se le macartiza por el cobro de lo justo.  
Igualmente compromete el pésimo manejo con abogados incompetentes que cobran por sus apagadas glorias, donde contaba más el nombre que sus ejecutorias, actuaciones por ejemplo en los procesos por el desaparecimiento de personas en el Palacio de Justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, verdad demostrada en procesos varios. El ridículo fue manifiesto en esas defensas, augurando una condena cuando debió ser materia de acuerdos dignos.

Adenda: La Universidad Libre de Pereira celebra 43 años de vida académica. Allí muchos nos hemos formado y personalmente le profeso mi deuda de gratitud y a los profesores. Felicito al Dr. Francisco Javier Molina Ossa, director de la investigación que culminó con un libro acerca de su historia. Primero se llamó “Fundación Universitaria Independiente” (1968), dos años después llevaría el actual nombre.

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