Andrés Almarales Manga había comprobado a través de contraseña, que existían condiciones para adelantar la toma del Palacio de Justicia en Bogotá.

Siendo aproximadamente las once y treinta de la mañana, aquel nefasto seis de noviembre de 1985, un comando del M-19, asalta el edificio penetrando por el sótano del parqueadero, lo cual marcó el inicio del caos. La confusión y el desconcierto dominaron en principio, mientras comenzaba la reacción del batallón guardia presidencial. A la réplica de los disparos se sumaron diversos agentes de las fuerzas armadas, que se vieron amenazados por el llamado “fuego amigo”. El paso de las horas permitió conocer que el M-19, pretendía realizar un juicio político al proceso de paz, que enarbolaba el entonces Presidente Belisario Betancur Cuartas, Comandante Supremo de las fuerzas armadas de Colombia. Murieron infamemente 95 personas, entre ellas 20 Magistrados y auxiliares de las Altas Cortes y se estimó más adelante, que los desaparecidos ascendían a un número de 11.
La recomendación de intervención de la Corte Penal Internacional, para iniciar investigación contra el expresidente Belisario Betancur, no tiene lugar puesto que para la fecha de los insucesos, este organismo no tenía jurisdicción para indagar posibles actos de lesa humanidad o genocidio en Colombia. Aunque la ultraderecha, con uno de sus principales voceros como el expresidente Uribe, ataquen y menosprecien las decisiones judiciales al respecto, sí es necesario clarificar toda la verdad y dentro del debido proceso y el marco legal de nuestro Estado de derecho, se deben proferir las condenas. Lo que se debe dilucidar hoy en día, es si se presentó en la retoma un golpe de Estado o si el Presidente Betancur tuvo el control y envió las órdenes como supremo comandante de las fuerzas armadas. No debemos ocuparnos de si resulta indigna la petición de pedir perdón, pues frente a la masacre del Palacio de Justicia no debe haber perdón.