Si en Colombia se sancionara a los servidores públicos ineptos, gran parte de las oficinas de las entidades oficiales quedarían vacías. Y particularmente las de los organismos investigadores que tienen que ver con la vigilancia de los dineros del Estado.

La afirmación anterior, que podría en principio parecer exagerada, está fundamentada en hechos como el conocido en días pasados, en la que el auditor General de la Nación, Jaime Ardila Barrera, anunció los resultados de su estudio sobre la gestión de las contralorías del país el año pasado.
Es que el saldo difícilmente podría ser peor. Las calificaciones son pésimas, con un promedio de seis puntos en una escala de veinte. Es decir, que casi todas las entidades encargadas de vigilar y controlar las contrataciones de municipios y departamentos se rajaron en su misión y las consecuencias de esa falta absoluta de gestión están a la vista.
En otras palabras, frente a los ojos de los contralores departamentales y municipales se han cometido las más desvergonzadas irregularidades con los dineros públicos, que no solo se pierden en los laberintos de la corrupción, sino que jamás se recuperan, como lo exige la ley, si alguna vez se iniciaran las acciones obligadas de repetición contra los pocos funcionarios que son encontrados culpables de todo tipo de defraudaciones al erario.
Pero esa epidemia de incompetencia, no solo afecta a las dependencias investigadoras. De hecho, para cualquier ciudadano es suficiente con salir a la calle, para darse cuenta que la ineficacia y la ineptidud abundan en casi todos los aspectos de la vida diaria.