Varias iniciativas en torno al anexo de municipios a las Áreas Metropolitanas sin necesidad de consultas populares, fondos para migrantes, ‘transferencia condicionada’, familiares de comuneros y comunales sin inhabilidades, regulación al transporte y hasta la venta de Ecopetrol hacen parte de los retos de los congresistas risaraldenses en el periodo que acaba de comenzar.

 

Foro con viceminjusticia
El senador de La U, Carlos Enrique Soto, continúa el análisis de la reforma a la justicia, considera que se necesita que defienda la tutela y pueda dilucidar, en vez de crear confusiones entre los altos tribunales, “una reforma que piense en una justicia oportuna y justa”, asegura. Su mayor reto es apoyar todo el proceso de creación de empleo para combatir la miseria y de la amplia agenda del Gobierno, le llama la atención la ley sobre el agro.
Tiene pendiente de su autoría la ley de la Cátedra del Medio Ambiente, que ya pasó primer debate, y ahora impulsará en los 3 debates restantes.
Otras son los paz y salvos para que los estratos 1 al 3 queden exentos del cobro por el servicio militar.
Una iniciativa que Soto no ha podido lograr que transite en el Congreso es la de quitarle inhabilidades a familiares de los comuneros y comunales de Colombia que a su juicio es injusta porque tampoco tienen seguridad social en salud. Soto es ponente de proyecto de Jueces de Paz, que ya se tramitó en Comisión y está para su informe de Plenaria, “haremos unos foros, uno en Pereira con el Viceministro de Justicia, Pablo Felipe Robledo”.
Otros retos son el trámite de proyectos del Plan de Desarrollo para que no queden en letra muerta, gestionar los otros $60 mil millones para el Parque Temático, sacar adelante la vía a Alcalá, poner el Aeropuerto a tono “pese las administraciones que puedan existir”, y sacar adelante la salud que es un tema crucial del Gobierno que ya anunció la inyección de $1 billón a diciembre.

 

Anexo de municipios y migrantes
Dos iniciativa propias radicará esta semana el representante por La U, Didier Burgos, una reforma constitucional que facilite el anexo de municipios a las Áreas Metropolitanas sin necesidad de recurrir a la Consulta Popular.
La otra es una reforma tributaria que permita que los migrantes tengan la posibilidad de tener un fondo que garantice que a su retorno reciban apoyo, dispongan de dinero para crear micro o empresas y apliquen lo aprendido en el exterior, asimismo un fondo de ahorro para el acceso a vivienda de interés social o prioritaria.
Desde la presidencia de la Comisión séptima, Burgos tiene a cargo encargos como el estricto control político al Ministerio de Salud y Protección Social, seguimiento a la reglamentación de la reforma a la Salud y a la ley de Vivienda.
Otros son la reforma al sistema de riesgos profesionales y también es posible que se promueva una reforma pensional que garantice que los recursos para las nuevas generaciones, con el 10% en la ley de regalías.
Burgos promete ser “muy juicioso y propositivo” en el estudio de la reforma a la justicia para que sea “creíble, expedita, y no sólo permita mejorar el flujo de fallos o crear más jueces e instancias sino que sea eficiente”.
Viene la reforma tributaria, la de las CAR que “deben dejar de ser instituciones donde prime la politiquería y defiendan el medio ambiente”, la reforma al régimen fiscal departamental y municipal con herramientas “para hacer más eficientes los recaudos para inversión” y la reglamentación de la reforma a las regalías donde tendrán lugar proyectos de alto impacto regional.

Transferencia condicionada
César Franco, representante conservador, trabaja en un proyecto que se llama ‘Transferencia condicionada’ para que poblaciones vulnerables puedan administrar buena parte de los recursos del presupuesto nacional en procesos de mejoramiento de sus condiciones de vida, infraestructura, servicios públicos, recreación, deporte, cultura, educación, salud; obras que serán ejecutadas por ellos bajo la figura de administración delegada y con la supervisión de las comunidades.
Apoyará el empeño del Gobierno por reactivar el empleo, por sostener y fortalecer la seguridad, y favorecer los sectores vulnerables y pobres, y la táctica frontal contra la corrupción.