El Concejo que va más adelantado en materia de proyectos de acuerdo radicados es el de Dosquebradas, con siete en total desde que arrancaron las sesiones ordinarias.

De ellos uno fue retirado y dos ya aprobados y sancionados para convertirse así en  acuerdos del municipio.
Los aprobados tienen que ver con la autorización de facultades al alcalde Diego Ramos para contratar por dos años y con los incentivos para el pago del predial según se indicó a través de la oficina de comunicaciones del Concejo de Dosquebradas.
Por su parte en el municipio de La Virginia han sido radicados tres proyectos de acuerdo para ser debatidos, uno de ellos fue presentado por la administración municipal para promover incentivos en el pago del impuesto predial, tal como ya ocurrió en el municipio de Dosquebradas y otros dos de autoría del concejal del Mira, Faunier Villada.
Estos dos últimos tienen que ver, uno de ellos con la modificación al reglamento interno del Concejo y el otro con la conformación del banco de libros, uniformes y útiles escolares del municipio de La Virginia.
El concejal Faunier Villada, del movimiento Mira, explica que se hace necesario hacer cambios en el reglamento interno con el objetivo de generar orden en la corporación, porque desde el 2007 no se modificaba.
Citó como ejemplo el hecho de que los concejales que conformaban las comisiones quedaban en ellas por cuatro años. Ahora con la modificación el tiempo máximo para hacer parte de estas comisiones es de un año y luego entrar a hacer parte de otras.
 La iniciativa del banco de libros, uniformes y útiles escolares,  tiene como propósito que en el municipio haya un lugar donde sus habitantes puedan llevar aquellos artículos que se encuentran en buen estado, beneficiando a los  niños, niñas y adolescentes de los estratos 1, 2 y 3 que no tengan cómo adquirirlos, explica el concejal Villada.
En el Concejo de Pereira han sido radicados dos proyectos de acuerdo para ser debatidos en las sesiones ordinarias.
Uno tiene que ver con la modificación al presupuesto para realizar un traslado para el área de la salud por 600 millones de pesos y otro para la aprobación de subsidios de servicios públicos. para estratos 1, 2 y 3.